Fuente: http://nohabrapazsinlasmujeres.com
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Entrevista Patricia Simón. Imagen Alex Zapico
La juventud de Gloria Silva y su rostro de líneas suaves contrastan con su carácter lacónico, recio, adusto. Su sonrisas afloran más ante la ironía o la desazón, que ante las situaciones distendidas. Sólo ante las víctimas a las que representa, como las Madres de Soacha o los campesinos desplazados de Pitalito, su talante se suaviza y la empatía aflora. Sus palabras y tono se tornan atentos y cercanos, y los que han depositado en ellos la esperanza de la justicia se sienten tranquilos, respaldados y protegidos con su presencia. Gloria, con su larga melena casi siempre recogida en una coleta y su pequeña estatura, se transforma en témpano en la tribuna de los juzgados, donde desde su sillón de la acusación es observada, por ejemplo, por militares acusados de ejecuciones extrajudiciales llamadas comúnmente ‘falsos positivos’ por haber asesinado a civiles pobres para presentarlos como bajas en combate contra las guerrillas para mejorar la imagen del Ejército.
En sus años de estudiante tuvo una crisis con el derecho, “uno lo entiende como una institución que sirve principalmente a las clases poderosas de este país, por lo que no encontraba la forma de hacer compatible la carrera con los intereses populares”. Por aquel entonces, todavía se podían hacer prácticas a través de la universidad en la Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos, una entidad dedicada a la defensa jurídica de personas acusadas de guerrilleras, pero también de líderes sociales, estudiantiles, sindicales, comunitarios que en muchos casos han sido acusados de vínculos con las FARC, el ELN, el ELP, por ser activistas contra el Estado. ”La concentración cada vez más descarada de la riqueza en menos manos, la destrucción del tejido social, de las organizaciones que empezaban a generar procesos de resistencia civil, el desplazamiento masivo permanente de las comunidades, la judicialización de líderes y de campesinos que en total desventaja frente al Estado eran encarcelados por colaborar o ser parte de un conflicto sin que eso se correspondiera con la realidad… todo eso le obliga a una como ciudadana a tomar la decisión de ejercer la profesión como la ejerzo”.
Gloria Silva, como otros muchos miembros del Comité, tiene que trasladarse en coche blindado y acompañada de dos guardaespaldas armados. En estos años, varios integrantes de la Fundación han sido asesinados y otros han tenido que refugiarse en países como España. Sus guardaespaldas, como los de tantas otras organizaciones son dispuestos por el mismo Estado, y hasta su disolución, procedían del DAS, la agencia estatal de inteligencia que durante los años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, espiaron y amenazaron a numerosos defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y sindicalistas. El Comité fue una de las organizaciones vigiladas por el DAS, como se supo después por revelaciones periodísticas: el seguimiento de algunos de sus miembros llegó a rastrear sus cuentas bancarias, sus vínculos familiares, sus reuniones fuera del ámbito laboral, sus viajes… En la actualidad, empresas privadas gestionan el mercado de los 3.000 escoltas que deben proteger a las 900 personas seleccionadas por su nivel de riesgo entre las más de 10.000 que se estiman que han sido amenzadas. En 2010, la licitación para la privatización de este servicio fue otorgada a Unión Temporal Visión por unos 30 millones de euros. Este fenómeno se da siguiendo una tendencia a la privatización de la seguridad en toda América Latina y que, según un estudio de José Gabriel Paz, director del Instituto de Geopolítica, Defensa y Seguridad de la Universidad del Salvador (Argentina), estima que en Colombia hay casi 200.000 personas empleadas para la seguridad privada frente a 150.000 policías. Todo ello en un país militarizado por la guerra.
“Cuando una desarrolla la labor de defender los derechos humanos, asume que puede tener actos de represión (…) Pero a veces una se cuestiona la perversidad de un Estado que dice protegerlos pero los ataca de una manera tan sistemática y persistente, no creo que haya habido un sólo día en que no se ejecute un acto de hostigamiento y persecución contra los derechos humanos”, sentencia Gloria. “En Colombia también han habido infinidad de detenciones arbitrarias contra campesinos y líderes sociales que, desde la legalidad, han ejercido el derecho a la resistencia, que también nosotros defendemos porque consideramos que la sociedad colombiana debe levantarse ante un Estado injusto como el que tenemos”, añade.
Uno de los días que acompañamos este verano a Gloria tenía dos juicios representando a Madres de Soacha en Bogotá. Por la mañana, en una pequeña sala, cinco abogadas con un equipo de refuerzo de tres letrados más, defendían a un grupo de soldados acusados de matar al hijo de la mujer anciana de aspecto, joven de edad, que escuchaba en silencio en una esquina. En los bancos de la izquierda, el teniente sentado en primera fila con una representante del grupo jurídico de la defensa. Tras él, también respetando los galones dentro de la sala, sus soldados subordinados en el Ejército, igualmente acusados por la fiscalía y la acusación, ejercida por Gloria a través del Comité. El teniente acusado salía a fumar, tomaba café en los descansos con el militar encargado de custodiarle, pero que se cuadraba física y mentalmente ante su presencia. A la mujer a la que le han arrebatado a su hijo por ser pobre y de una población excluida, le asisten dos psicólogos del Centro de Atención Psicosocial que atiende a víctimas del conflicto con fuertes traumas o secuelas. Ella es silencio y terruño.
“Dejar solo a un defensor de derechos humanos es acallar las voces de los derechos humanos”, dice en un momento de la entrevista Gloria. Aquí, sentada delante de estas mujeres, se evidencia la carga tan real y determinante que engloba estas palabras.
Por la tarde, un nuevo juicio, ahora en el Tribunal Superior de Bogotá, de nuevo con las Madres de Soacha y en concreto, con la cara más visible de este movimiento, el de Luz Marina. Su hijo, un joven con severa discapacidad mental, fue asesinado por los soldados que nerviosos se sonríen durante la lectura de la sentencia. Uno de los militares sentados entre el público saca fotografías con su móvil a esta periodista, la única presente en la sala. Nadie espera la sentencia histórica que será verbalizada en breve por el juez: la ejecución, además de homicidio y desaparición forzada, es un crimen de lesa humanidad. El juez subraya que todas las acciones de los acusados fueron partícipes del delito y “fueron realizadas con pleno conocimiento” de su finalidad. Y va definiendo cada uno de los elementos que se dieron y que comportan un crímen contra humanidad: Es sistemático porque “al menos once jóvenes humildes fueron desaparecidos en una fecha cercana a la desaparición de Fair Leonardo” y “se realizaron de manera exclusiva contra la población civil (…) Hay evidencia de que sí existió un móvil discriminatorio en relación a la condición humilde de los jóvenes de Soacha, marginados y privados de recursos económicos, situación que conllevaría que la denuncia no repercutiera de manera inmediata, tal y como afirmó la señora doña Luz Marina Bernal (…) quien acudió en tres ocasiones a la fiscalía de Soacha sin resultados favorables, los cuales sólo se dieron cuando se dio la identificación del joven y los hechos fueron denunciados públicamente”.
Gloria escucha en silencio, mientras el jefe del equipo jurídico militar de la defensa de los soldados, intenta amedrentar a la sala haciendo tintinear unas llaves, se levanta de entre el público donde ha estado dormitando buena parte de la lectura de los más de 200 folios de sentencia, y se incorpora ostentosamente al banco de los abogados durante la lectura del aumento de las condenas a más de 50 años de prisión, recurridas en el anterior tribunal. En cualquier caso, los condenados cumplirán la reclusión en un centro militar en el que según varias investigaciones que le han costado amenazas y un atentado, por ejemplo, al periodista Ricardo Calderón –jefe de investigaciones de la colombiana revista Semana–, las condiciones para los reclusos son muy superiores a las de cualquier centro penitenciario, llegando a celebrar en éstos ostentosas fiestas e ingresar elementos prohibidos en cualquier prisión. Además, denunciaba que soldados condenados por violaciones de derechos humanos han gozado de permisos para salir en libertad.
Cuando no está en los tribunales o en las oficinas del Comité preparando los casos, Gloria está visitando a sus representados en las cárceles, en las cuales también realizan verificación de sus condiciones. Sin embargo, por la estigmatización que sufre esta organización que fue acusada por el DAS de colaborar con las guerrillas, durante un año -de mediados de 2012 a mayo de 2013-, se les impidió el acceso a éstas. “Desde el gobierno de Uribe hasta el actual de Santos persisten una serie de trabas para el Comité. Hemos venido solicitando ingresos a los centros de reclusión para verificar las condiciones carcelarias, pero se nos imponen numerosos obstáculos que han impedido el ejercicio de nuestro derecho a defender los derechos humanos dentro de los centros de éstos. Ni nosotros, ni ninguna organización de derechos humanos”.
Este oscurantismo agrava la preocupación por el severo hacinamiento que acusan las prisiones colombianas, según la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales nacionales. En enero de 2013, un tribunal de Bogotá suspendió la admisión de reclusos en la Cárcel La Modelo de Bogotá y ordenó su traslado a otros establecimientos en un plazo de tres meses porque no reunía las condiciones mínimas para la habitabilidad de seres humanos. En algunas de las demandas o acciones de tutela de presos leemos como entre sus aspiraciones se encuentran “tener una colchoneta donde pueda dormir bien, tener una sábana, tener un kit de aseo”. Es común que a los presos con vínculos con las guerrillas, líderes sociales o comunitarios, sólo se les deje una fina manta o un jersey para abrigarse, cuando las temperaturas en Bogotá durante el invierno pueden ser inferiores a los ocho grados.
“Las condiciones de las cárceles colombianas son bastante precarias, tienen una infraestructura que no cumplen con los requerimientos para una reclusión en condiciones de dignidad humana. Pero además, el ‘híper-encarcelamiento’ que se vive en Colombia ha generado un hacinamiento bastante grave, de más del 50% reconocido por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, lo que genera otras violaciones de derechos humanos: violencia intracarcelaria, violencia de los guardias contra las personas privadas de libertad. Y esta violencia se incrementa aún más con las personas por su opción de vida, por la vía armada o legal, han ejercido oposición al Estado”, denuncia Gloria. ”La tortura se practica de manera física y psicológica. El mismo régimen penitenciario está diseñado para generar la desmoralización de las personas privadas de libertad. Un régimen de restricciones absolutas, que pretende convertir en autómatas a la población reclusa, que no les permite organizarse, reunirse… Esto es mucho más grave para un preso político”.
Y la situación empeora en regiones más aisladas en un país fuertemente centralizado y del doble del tamaño de España. “La situación de la cárcel de Valledupar es bastante delicada: malos tratos, falta de asistencia sanitaria y humanitaria, de adecuada alimentación… Esto ha generado protestas que han sido reprimidas con gases lacrimógenos y golpes por parte de la guardia…. Hechos que no son investigados”. De hecho, las delegaciones del Comité en Valledupar y en Cúcuta han sido cerradas por “una falta total de garantías por parte del Estado para ejercer su labor. En 2005 fueron asesinados Luciano Romero, sindicalista despedido de Nestlé por su labor en defensa de los trabajadores, y el abogado Javier Barriga, ambos miembros del Comité. Han sido encarcelados compañeros de Bucaramanga, que luego fueron absueltos pero que estuvieron más de un año privados de libertad”, explica Gloria que aunque tiene su sede en Bogotá se traslada a otras regiones, como al Cesar el día que la acompañamos a la comunidad de Pitalito.
En estas tierras abandonadas vivieron durante las dos últimas décadas diecisiete familias, hasta que en 2010 fueron expulsadas a punta de pistola por el terrateniente empresario de palma africana Juan Manuel Fernández de Castro, apoyado por hombres armados vestidos de civiles y policías. A principios de 2013, decidieron retornar acogiéndose a la cacareada Ley de víctimas y restitución de tierras del gobierno de Juan Manuel Santos. Se convertían así en un caso emblemático por tratarse de los primeros desplazados que no esperaban al acompamiento judicial para hacer efectivo su derecho al retorno. Después de semanas rehabilitando el terreno, sembrando, construyendo cobijos en los que dormir, estos campesinos han vuelto a ser desplazados en noviembre por el palmicultor, con la ayuda de agentes del Estado.
El Comité lleva su defensa jurídica junto al Grupo Jurídico Pueblos. Hace ya años, la comunidad intentó en varias ocasiones conseguir los títulos de propiedad por su larga permanencia en el terreno ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) pero se los denegaron por tratarse de reserva forestal. Sin embargo, Fernández de Castro sí pudo registrar la propiedad en un procedimiento irregular registrado días después de ejecutar el primer desplazamiento de la comunidad, según los abogados de la comunidad, y en el que el personero, una figura parecida a la defensoría del pueblo en España, dio fe pública del contrato cuando este representante con la función de defender de los derechos de la ciudadanía no está autorizada para tal efecto, sino que sólo un notario puede ejecutarla. Según Rommel Jonathan Durán Castellanos, letrado del Grupo Jurídico Pueblos, Fernández de Castro “se ha apropiado de manera irregular de unas 3.000 o 4.000 hectáreas de esta región, no sólo de las 400 que reclaman estas familias, donde tiene sembradas unas 1.000, 1.200 hectáreas de palma africana”. Colombia se ha convertido en la última década en uno de los principales cultivadores de este tipo de palmera y en el principal a nivel latinoamericano.
“Mientras se desarrollan los Diálogos de La Habana, han habido aquí normas como la Ley de Seguridad Ciudadana que reprimen incluso con cárcel el ejercicio del derecho a la protesta, ha habido represión contra comunidades organizadas en procesos de restitución de tierras. Y eso es gravísimo, el hecho de que se asesinen a campesinos que simplemente pretenden reclamar un derecho que responde incluso a una de las políticas banderas del gobierno nacional, la Ley de Víctimas y restitución de tierras. Estos diálogos no van a eliminar de ninguna manera el problema de concentración de las tierras ni los intereses de grandes empresas nacionales y transnacionales sobre las tierras de los campesinos. Lo estamos viendo ya”, explica Gloria, cuya interpretación de las negociaciones entre el gobierno y las FARC no incluye el concepto de paz: ”Es un proceso en el que se están negociando algunas prebendas por parte de una organización guerrillera con el gobierno nacional, un diálogo que en nuestro criterio no podríamos denominar como un proceso de paz. La paz es un derecho colectivo al que debería acceder toda la población, máxime después de tantos años de violencia”. Gloria sitúa el origen de esta guerra de más de cincuenta años en las profundas desigualdades que castigan el país y éstas “no van a ser resueltas en ningún proceso de negociación con organizaciones armadas (….) De hecho, el gobierno nacional sorprendió con un aspecto que para nosotros es gravísimo y es decir que ni el modelo económico ni la doctrina de guerra están en discusión. Precisamente, dos aspectos que determinaron el alzamiento armado y de muchas organizaciones populares, campesinas, obreras, que sin alzarse en armas sí han estado discutiendo sobre el modelo económico de Colombia. Si éste no está en discusión, ¿a qué acuerdos se pueden llegar que generen cambios radicales de la situación de la sociedad colombiana?. Es casi imposible”, opina Gloria. Y añade: “la doctrina de guerra ha generado que todo el que protesta o tiene una acción de inconformidad con el modelo económico, es tachado de rebelde o miembro de una organización armada”.
De hecho, este verano de 2013 convergían las huelgas campesinas a lo largo de todo el país por la miseria que les había traído los Tratados de Libre Comercio por los que Colombia importa frutas y verduras europeas y estadounidenses subvencionadas y, por tanto, más baratas que las locales; los estudiantes se movilizaban para apoyar el paro agrario; los habitantes de la aislada región del Catatumbo, muchos de ellos huérfanos por el paramilitarismo, se levantaban contra un Estado que les ha dejado al albur de la miseria y la exclusión… A menudo, sus reclamaciones y argumentos eran obviados o ninguneados en algunos medios de comunicación tradicionales para reducirles a egoístas aliados de las guerrillas que ponían así en peligro el avance de las negociaciones de La Habana. Líderes sindicales, estudiantes, campesinos, activistas eran presentados como terroristas, rebeldes, guerrilleros… Exactamente igual que hace cincuenta años, cuando comenzó la última guerra.
